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La futura reforma de la LEC afectará al papel de los procuradores, al juicio verbal y al proceso monitorio

Supreme_Court

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectará, entre otros, al papel de los procuradores, al juicio verbal y al proceso monitorio.

En cuanto al papel de los procuradores, el Anteproyecto de Ley -enmarcado en la profunda reforma de la Administración de Justicia que se está realizando-, pretende reforzar sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, con el fin de agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales. La reforma equiparará de este modo sus funciones a las que se realizan en Europa; así, podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

Otra novedad es que permitirá al ciudadano elegir quién quiere que se ocupe de practicar estos actos de comunicación, embargos y actos de ejecución de la resolución dictada al final del proceso: podrá ser el procurador -a su costa- o bien los funcionarios de la  Administración de Justicia, como ha sido hasta ahora.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, los procuradores tendrán la condición de agentes de la autoridad. Ello no quiere decir que ostenten tal condición en cada momento del proceso, pero sí cuando, habiéndolo solicitado expresamente la parte a la que representan, sean comisionados para la realización de tales actos. Por ello, en estos casos, sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, no debiendo ya realizar estos actos acompañados de dos testigos.

En cuanto a los juicios verbales, la Ley de Enjuiciamiento Civil se reformará también para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los mismos, con el fin de evitar la indefensión sin demorar el proceso.

Destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales.

Asimismo, siempre que el Tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, permitiendo de esta manera la agilización del procedimiento, así como que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

Por lo que respecta a los juicios monitorios, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, cuando se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el Juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato.

Tras esta reforma, la Ley permitirá un trámite para examinar y controlar la existencia de dichas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes. Así, el Secretario Judicial, si apreciase su existencia, dará cuenta al Juez para que, previa audiencia de las partes, resuelva lo que proceda.


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