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Los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes

Weissenhorn_Stadttheater. Andreas PraefckePor “artista, intérprete o ejecutante” nuestra Ley entiende a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra, así como al director de escena y al director de orquesta. En esta definición se incluyen, como se puede observar, sujetos que realizan actividades muy distintas, ya sea empleando instrumentos musicales, ya sea elementos más personales como la voz o la imagen.

Los artistas, intérpretes y ejecutantes son titulares de los llamados “derecho conexos”: derechos que otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización, en el proceso de poner a disposición del público una obra. Son derechos muy heterogéneos entre sí pues engloban, además de los derechos correspondientes a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los relativos a los productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales, a las entidades de radiodifusión, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de determinadas obras. El factor común entre ellos es el de estar vinculados en la mayoría de los casos con una obra intelectual preexistente y significar una actividad de mediación entre la obra y el público.

La propiedad intelectual que ostentan los artistas, intérpretes y ejecutantes tiene por objeto su actuación: la versión concreta y propia que hayan efectuado de la ejecución o de la interpretación de una obra. No tienen la condición de autores porque su actuación o interpretación requiere, como ya hemos comentado antes, de la existencia previa de la obra. Sin embargo, lo que es cierto es realizan una actividad creativa, y que el autor muchas veces requiere de ellos para  dar a conocer sus obras.

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con estos derechos conexos. Por lo tanto, aunque la obra estuviera en dominio público, los artistas gozarían de derechos exclusivos sobre sus interpretaciones o ejecuciones. En cualquier caso, no hay que olvidar que el ejercicio de los derechos conexos no deberá lesionar los derechos del autor de la obra preexistente.

Los derechos que ostentan artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus actuaciones son de dos tipos:

1)      Derechos de explotación de carácter patrimonial, que a su vez pueden ser:

      a)  Derechos exclusivos, que son los que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la autorización que le conceda. Tales derechos serían:

  • El de fijación de sus actuaciones en un soporte cualquiera (CD, DVD, etc.).
  • El de la reproducción de las actuaciones fijadas (es decir, obtener copias).
  • El de la comunicación pública de sus actuaciones, salvo que éstas constituyan en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se realicen a partir de una fijación previamente autorizada. La puesta a disposición (como un tipo de comunicación pública) siempre requerirá autorización.
  • La distribución: a través de la venta, alquiler, préstamo etc.

Estos derechos son transmisibles y pueden ser objeto de cesión a través de licencias contractuales. Ahora bien, será necesario analizar en cada caso al objeto y naturaleza del contrato de que se trata para saber si la autorización debe ser realizada expresamente o si en cambio existe una presunción legal de tal cesión. Por ejemplo, en un contrato de trabajo o un arrendamiento de servicios entre el artista, intérprete o ejecutante y el empresario -empresario de espectáculos, entidad de radiodifusión, productor de fonogramas, etc.-, la ley establece que, salvo estipulación en contrario, el empresario o arrendatario adquieren los derechos exclusivos de autorizar la reproduccióin y comunicación pública que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato, de modo que, de no decirse nada en el contrato, se entenderán cedidos tales derechos.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en los contratos de grabación audiovisual, en los que se presume, salvo pacto en contrario, que se ha transferido el derecho de alquiler al productor –reservándose en cualquier caso el artista su derecho a una remuneración equitativa-.

Al no existir -desafortunadamente- un régimen general que regule la cesión de los derechos de explotación de artistas, intérpretes y ejecutantes, es recomendable que en los contratos se delimiten de forma clara y detallada los máximos aspectos posibles.

Los derechos de explotación de los artistas tienen un plazo de protección limitado de 50 años. Dicho plazo ha de contarse desde el 1 de enero del año siguiente al de la primera interpretación o ejecución. En el caso de que la grabación no haya sido divulgada, los derechos expirarán también a los 50 años, pero a contar desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita de esa grabación.

         b)  Derechos de remuneración, que, a diferencia de los derechos exclusivos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir el uso de obra o interpretación, aunque sí obligan a éste al pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice, cantidad ésta que es determinada por la ley, o en su defecto por las tarifas generales de las entidades de gestión.

Los artistas tienen los siguientes derechos de remuneración, que son irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria:

  • Por alquiler: cuando el artista haya transferido o cedido a un productor el derecho de alquiler respecto de un fonograma o grabación audiovisual, quienes los alquilen al público deberán pagar una remuneración equitativa.
  • Por la comunicación pública. Los usuarios de fonogramas o grabaciones audiovisuales utilizados para cualquier forma de comunicación pública deberán pagar una remuneración equitativa a los artistas.
  • Por la puesta a disposición. Cuando el artista haya transferido o cedido a un productor el derecho de puesta a disposición respecto de un fonograma o una grabación audiovisual, quien realice la puesta a disposición deberá pagar una remuneración equitativa.
  • Por copia privada, cuyo fin es compensar los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del usuario o copista.

El obligado al pago de dicha remuneración es el usuario, y la misma se hará efectiva a través de la entidad de gestión que corresponda, que en el caso de artistas, intérpretes y ejecutantes será  AGEDI – AIE.

 2)     Además de los citados derechos  patrimoniales, los artistas, intérpretes y ejecutantes son titulares de unos derechos morales, perpetuos, y transmisibles a los herederos:

  • El derecho de paternidad, es decir, el derecho irrenunciable e inalienable a que su nombre sea reconocido en sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que la manera de utilizarlas lo dificulte.
  • El derecho de integridad: el derecho a oponerse a cualquier modificación o deformación sobre su actuación que pueda ser nociva para su prestigio o reputación. No se permite el doblaje de la actuación del artista a su propia lengua durante la vida del artista -este derecho no es perpetuo-, salvo que éste lo autorice expresamente.

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